Supremo de EE. UU. permite a Trump seguir por ahora la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

En la batalla judicial por su «joya de la corona», Donald Trump encontró un respiro en la Corte Suprema. Este 21 de agosto, el presidente del máximo tribunal, John Roberts, autorizó que la remodelación del salón de baile en la Casa Blanca continúe, por ahora, mientras la Corte decide sobre la legalidad de la construcción, cuestionada ante la justicia por un grupo de preservación histórica que busca detener el proyecto.

Roberts, encargado de supervisar las apelaciones de emergencia, respondió así a la solicitud realizada por la Administración Trump para paralizar un fallo de un tribunal inferior, que había ordenado suspender a partir de este viernes las obras que se realizan sobre la superficie hasta que recibieran la aprobación del Congreso.

Esta acción, conocida como suspensión administrativa, otorga a los magistrados de la Corte tiempo adicional para adoptar una decisión definitiva sobre la cuestión de fondo, aunque el documento de una página firmado por Roberts no detalla sus motivos para permitir temporalmente la continuidad de las obras ni cuándo se emitirá un nuevo fallo.

La medida de emergencia le valió a Trump para celebrar una pequeña victoria judicial para su ambiciosa reforma, valorada en 400 millones de dólares. Por eso, se mostró «agradecido» con la Corte Suprema por permitir la continuidad del «complejo militar/salón de baile» que «será el más grandioso de su tipo», destacando que los trabajos se mantienen «dentro del presupuesto» y adelantados a su cronograma.

En su recurso de urgencia presentado el 14 de agosto, los abogados del Departamento de Justicia se hicieron eco del argumento de Trump de que el proyecto es una necesidad de seguridad, citando como justificación los intentos de asesinato contra el presidente y otras amenazas recientes.

«Este caso implica una orden judicial extraordinaria e ilegal que detendrá la construcción en curso del complejo militar integrado, incluido un salón de baile totalmente seguro, en el Ala Este de la Casa Blanca, que es vital para la seguridad nacional», escribieron.

Por su parte, un portavoz del Fondo Nacional de Preservación Histórica (NTHP, por sus siglas en inglés), que lidera la demanda contra el salón de baile de Trump, remarcó que la decisión del Supremo «no es definitiva» sobre el pedido de la Casa Blanca para continuar las obras mientras dure el litigio, por lo que están «a la espera de nuevas medidas».

No está claro cuánto durará la suspensión administrativa ordenada por el presidente del Supremo, pero en general estos fallos se mantienen vigentes unos pocos días para dar tiempo al tribunal a examinar a fondo la apelación de emergencia presentada, en este caso, por la Administración Trump.

En ocasiones anteriores, el Supremo ha otorgado varios fallos favorables al Ejecutivo de Trump en casos de emergencia, pero los magistrados han deliberado en contra de algunas políticas emblemáticas del mandatario luego de realizar análisis más exhaustivos.

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Un «inquilino temporal» y una alteración definitiva

El corazón de la defensa de la Casa Blanca es que el proyecto del salón de baile debe completarse por motivos de seguridad nacional, aunque este razonamiento no fue esgrimido cuando Trump anunció por primera vez los planes para la remodelación, que, según su versión, se financiaría con donaciones privadas, incluida la suya.

El proyecto combina un salón de baile en la superficie con un extenso complejo subterráneo. El republicano ha afirmado que incluye refugios antibombas, instalaciones médicas, protección contra drones y misiles y otras medidas de seguridad que están «todas interconectadas en una enorme, cara y muy compleja unidad».

Sin embargo, el NTHP argumenta que Trump no tiene autoridad para emprender estas obras de manera unilateral. Hasta ahora, la ejecución del proyecto ha incluido la controvertida demolición del Ala Este de la Casa Blanca, cuya construcción original se remontaba a 1902, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt.

Los abogados del grupo de preservación han insistido en que una alteración de esa magnitud debe ser aprobada por el Congreso y acusaron a la Administración Trump de «adelantarse a los tribunales» mediante la aceleración de los trabajos en el lugar.

Dos tribunales inferiores han dado la razón al NTHP. En abril, el juez de distrito Richard Leon, en Washington, ordenó la paralización de la construcción de las obras del salón de baile sobre el terreno, permitiendo la continuidad solo de las edificaciones de búnkeres e instalaciones militares subterráneas.

Aunque su decisión fue suspendida brevemente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ratificó el 7 de agosto pasado la orden de Leon. Dos de los magistrados, designados por presidentes demócratas, argumentaron que «la decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo», recordando que «cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva».

Un tercer juez, nombrado en el cargo por Trump, falló en contra, señalando que el grupo conservacionista que impugna el proyecto carecía de legitimación procesal para demandar.

Las obras avanzan rápidamente pese a la disputa judicial

En su presentación del 14 de agosto, el Departamento de Justicia indicó que ya se ha completado el 65% de la obra, tanto en las instalaciones subterráneas como en el salón de baile en la superficie, moldeando una nueva Ala Este de 8.400 metros cuadrados.

Según documentos presentados por la Administración Trump, pese al litigio judicial, las obras han continuado a gran velocidad, con equipos que trabajan 20 horas al día, siete días a la semana en el proyecto, en el que ya se han invertido o comprometido aproximadamente 200 millones de dólares en donaciones privadas.

El caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo Trump ejerce un poder presidencial sin precedentes y busca cada vez más moldear Washington D. C. a su propia imagen.

Emulando la remodelación del National Mall efectuada por Theodore Roosevelt a inicios del siglo XX y la reconstrucción de la Casa Blanca de Harry Truman a principios de los años ’50, el presidente estadounidense ha anunciado varios proyectos con los que pretende dejar su huella, pero que han chocado con las críticas y cuestionamientos por su aparente falta de cuidado en la preservación de monumentos históricos.

Así ocurrió con la demolida Ala Este, que albergaba las oficinas de la primera dama y la sala de cine de la residencia presidencial. Esa edificación había sido levantada en 1902 y ampliada considerablemente en 1942, durante la presidencia de Franklin Roosevelt.

Entre los proyectos faraónicos de Trump están la posible construcción de un arco de 76 metros, cerca de la entrada al Cementerio Nacional de Arlington; la remodelación del histórico estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que se realizó en un cuestionado proceso de licitación y presentó fallas tras la finalización de las obras, atribuidas falsamente por el presidente a supuestos vándalos; o la renovación del Centro Kennedy, cuya nueva junta directiva designada por Trump está intentando sortear una prohibición judicial para incluir el nombre del mandatario en el edificio.

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Con Reuters, AP y EFE