El asesinato de Monika Silva en Ecuador: ¿qué se sabe del crimen de la activista anticorrupción polaca?

El pasado 8 de junio, la activista polaca Monika Silva, de 41 años, fue hallada sin vida en su vivienda de la localidad ecuatoriana de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena. Su muerte causó conmoción debido a las denuncias que había realizado sobre casos de corrupción en esa zona.

«Con los informes periciales tenemos la certeza de que estamos frente a una muerte violenta, por lo tanto se desmorona esta pretendida alusión de que había de por medio un suicidio», detalló el viernes 19 de junio la abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam) de Guayaquil.

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¿Quién era Monika Silva?

«No hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo». Esa era la descripción del perfil de X de Monika Silva, en el que resumía el trabajo que realizó en Ecuador durante años.

Radicada en Montañita, Santa Elena (costa oeste ecuatoriana), y originaria de Polonia, Silva denunció actos de corrupción en la provincia: contratos públicos irregulares y ventas de tierras opacas. 

Además, formaba parte de la Fundación La Integridad, que realizaba denuncias sobre temas relacionados con el medioambiente, contratos públicos y tráfico de tierras, entre otros.

Recibió amenazas de muerte por ello. Las denunció, pero de nada sirvió.

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¿Suicidio o asesinato?: lo que dice la autopsia

El Cepam y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil asumieron, tras su muerte la representación legal de Silva y de su familia, lo que les permitió acceder a los resultados de la autopsia y a los detalles de la investigación que realiza la Fiscalía por el delito de feminicidio.

Medios locales, citando el documento de la autopsia, afirman que el examen forense estableció que Silva recibió «un golpe premortem en la cabeza» y su cuerpo mostraba «signos compatibles con estrangulamiento».

La Fiscalía ya había iniciado una investigación preliminar y, en coordinación con la Policía Nacional, se ejecutaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Además, el país solicitó cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros que aportaran elementos técnicos especializados a las diligencias que se desarrollen dentro de la causa. En ese sentido, el Gobierno ecuatoriano anunció que dos peritos argentinos son veedores en la investigación.

Tras conocerse la información de la autopsia, la abogada Martínez cuestionó unas declaraciones del ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, que, un día después del hallazgo del cuerpo de Silva, señaló que se presumía que se había suicidado.

«Habrá que investigar lo que motivó a un funcionario del Estado, que no tiene todas las credenciales profesionales, a emitir un juicio de valor de ese tipo. Asumir que la muerte de una mujer está atada al suicidio, a sus condiciones emocionales, es quitar la vista de lo que en verdad está sucediendo», añadió.

La abogada de Cepam apuntó, además, que, bajo estas circunstancias, el crimen debe investigarse principalmente bajo dos líneas: «su rol de defensora, a través del cual hizo denuncias públicas» y también por el hecho de ser mujer.

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Denuncias contra Noboa Trading, entre los casos que investigaba

Alfonso Ortiz, dirigente de la ONG Mochica Sumpa de Santa Elena, declaró a la agencia AFP que ve un vínculo de su muerte con su  trabajo: «Por la magnitud de sus denuncias, por lo delicado que ella denunciaba, incluso había estado en la embajada americana en el mes de abril presentando una denuncia muy bien documentada, que creo que también afectaba la imagen de ciertos políticos del país».

El medio local ‘GK’ recoge algunas de esas denuncias e investigaciones de la activista.

Según este medio, en 2021, denunció ante la Fiscalía a Otto Vera, entonces alcalde de La Libertad, de la provincia de Santa Elena, por supuestas irregularidades en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

En 2024, alertó de una venta irregular de 745 hectáreas de terreno frente al mar a la empresa Bellitec, también durante la Administración de Vera.

Asimismo, denunció la construcción del malecón de Manglaralto sin permisos ambientales, entre otros casos en Santa Elena.

En 2026, alertó del caso de compra de un terreno municipal por 2,7 millones de dólares en La Libertad, con un origen opaco del dinero. Esta indagación derivó en más investigaciones que tocaron a Cynthia Gellibert, entonces secretaria general de la Administración Pública y ahora ministra de Trabajo, ya que la madre de la joven que hizo la compra trabajaba para ella.

Colegas de Silva afirman que la activista había comenzado a indagar señalamientos sobre Noboa Trading, un conglomerado frutícola perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa.  De acuerdo con esas versiones, Silva estaba investigando denuncias sobre presuntas incautaciones de cocaína en contenedores de plátanos de Noboa Trading, Y, poco antes de ser asesinada, dijo a allegados que había entregado un expediente relacionado con esas denuncias a la embajada de Estados Unidos en Quito.

Recientemente, levantó su voz exigiendo justicia por la muerte de un periodista comunitario en Santa Elena que indagaba casos similares.

Este año, otros dos activistas en Santa Elena fueron encontrados sin vida. También habían denunciado corrupción y daños ambientales en la zona. Robinson del Pezo también murió en Santa Elena, mientras que Manuel Cabrera vivía en El Oro, provincia costera al sur del país.

La ONU, la UE y  la CIDH exigen a Ecuador esclarecer el caso 

La relatora de la ONU sobre la situación de personas defensoras de Derechos Humanos, Andrea Bolaños, instó el lunes 22 de junio al Estado ecuatoriano a «cesar la persecución» y «garantizar la protección» de los activistas, tras el asesinato de Silva.

«Insto al Estado ecuatoriano a que: garantice el derecho a promover, defender y proteger los Derechos Humanos; cese la persecución, criminalización y vigilancia de personas defensoras; garantice su protección efectiva contra amenazas, violencia e intimidación», escribió Bolaños en su cuenta de X

En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exigió a Ecuador que incluya otras líneas investigativas para esclarecer la muerte de Silva.

«Al investigar la muerte de una persona defensora, el Estado debe incluir dentro de sus líneas de investigación las actividades de defensa y denuncia como posible móvil»

En la misma línea, la Unión Europea (UE) expresó su profunda preocupación. «Hacemos extensivas nuestras condolencias a su familia y seres queridos», señaló la UE en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

Mientras que Polonia envió una delegación desde su sede diplomática en Perú, concurrente para Ecuador, para que siguiera de cerca el caso con las autoridades locales y nacionales.

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