CMD desafía el nuevo Código Penal y llevará artículos al Constitucional

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) se prepara para llevar al Tribunal Constitucional varios artículos del nuevo Código Penal que, según el gremio, representan un riesgo para los médicos y podrían chocar con la Constitución dominicana.

El anuncio fue hecho por el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, durante un encuentro realizado en la sede del gremio, donde se discutieron las implicaciones de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

Peña Núñez informó que el próximo martes el CMD presentará formalmente una acción directa de inconstitucionalidad contra disposiciones que, a juicio del gremio, ponen en peligro el ejercicio profesional de los galenos.

“Desde hoy les invitamos a los medios de comunicación a comparecer este martes, donde el Colegio Médico, de forma responsable y precisa, interpondrá una acción directa de inconstitucionalidad frente a algunos artículos de este nuevo código porque representa algún tipo de peligro constitucional y viola algunos artículos de la propia Constitución de la República”, manifestó el presidente del CMD.

El dirigente médico sostuvo que la defensa del acto médico no comenzó ahora. Recordó que durante la gestión pasada, encabezada por Waldo Ariel Suero, el gremio ya había impulsado acciones relacionadas con la despenalización del acto médico, proceso en el que él participó como secretario general.

“El Colegio Médico interpuso una despenalización del acto médico el año pasado en la gestión del doctor Waldo Ariel Suero y nosotros éramos parte de este gesto como secretario general. El Colegio Médico ha hecho cosas y es bueno que la gente lo sepa”, afirmó.

Peña Núñez también criticó la forma en que, según dijo, fue aprobada la nueva legislación. Aseguró que no hubo suficientes vistas ni espacios de discusión antes de la aprobación final.

“Al final, lo que ha pasado recientemente, no hubo vistas. A veces también las autoridades se escabullen por ahí; hablaron, pero en seis días aprobaron una ley”, agregó.

La Ley núm. 74-25 fue promulgada el 3 de agosto de 2025 y, conforme a su artículo 393, entrará en vigencia 12 meses después de su promulgación y publicación. Esto coloca su aplicación para agosto de 2026.

Durante el encuentro, la magistrada Darihana Linarez Corporán, jueza y abogada especializada en Derecho Médico, advirtió que el nuevo Código Penal tendrá un impacto directo sobre la práctica médica.

“Este nuevo Código Penal va a reformar lo que es el ejercicio de la medicina. Le impone lo que es la posición de garantía, las responsabilidades por omisión que va a tener el médico; va a tener que responder no solo por sus actos, sino también por aquellos que ha dejado de realizar”, explicó.

Entre los puntos señalados figuran nuevas sanciones y delitos vinculados al ámbito sanitario, como daños por dopaje, procedimientos sin consentimiento, responsabilidades por omisión y disposiciones sobre la interrupción del embarazo.

El nuevo Código Penal establece sanciones para profesionales de la salud que provoquen abortos, salvo en los casos contemplados como eximente. El artículo 111 dispone que la interrupción del embarazo practicada por personal de salud especializado no será sancionada cuando sea necesaria para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos, siempre que se hayan agotado los medios científicos y técnicos disponibles.

Linarez Corporán señaló que esta excepción fue uno de los puntos más discutidos durante el debate del Código Penal.

“Hoy en día pasó una de las tres causales donde establece que el médico puede realizar el aborto en caso de que se encuentre en peligro la vida de la madre o el feto”, puntualizó.

La magistrada precisó que, antes de tomar una decisión médica de ese tipo, el nuevo marco penal exige agotar los procedimientos científicos dirigidos a preservar ambas vidas.

Con esta acción, el CMD abre un nuevo frente contra el Código Penal antes de su entrada en vigencia. El gremio sostiene que no se opone a la actualización de la legislación penal, pero advierte que no permitirá que el acto médico quede expuesto a interpretaciones que puedan criminalizar decisiones clínicas.