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El Salvador: ¿golpe contra las pandillas o a los derechos humanos?

Published

2 horas ago

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Más de 480 presuntos integrantes de pandillas fueron juzgados de manera colectiva en El Salvador, en uno de los episodios más controvertidos del régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como parte de su ofensiva contra el crimen organizado y reivindica la drástica reducción de la violencia, organizaciones de derechos humanos cuestionan las detenciones y los procedimientos judiciales. ¿Dónde termina la lucha contra las pandillas y comienza el riesgo de normalizar la excepción? Lo analizamos junto a expertos en El Debate de France 24.

Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha permitido una ofensiva masiva contra las pandillas y ha llevado a decenas de miles de personas a prisión. 

El Gobierno de Nayib Bukele sostiene que la estrategia ha permitido transformar la seguridad de un país que durante años registró algunos de los niveles de violencia más altos de América Latina. 

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Sin embargo, sus críticos denuncian detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y mecanismos judiciales que, a su juicio, debilitan el principio de responsabilidad individual. 

Los recientes juicios colectivos vuelven a poner en el centro preguntas que trascienden a El Salvador: ¿puede un Estado combatir eficazmente al crimen sin convertir las medidas excepcionales en una normalidad? ¿Qué implican en materia de derechos humanos estas medidas? En El Debate de France 24 analizamos hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad. 

Decenas de manifestantes sostienen fotos y carteles durante una protesta para exigir la liberación de sus familiares que fueron detenidos durante el estado de emergencia del Gobierno de Nayib Bulele, impulsado para frenar la violencia de las pandillas. Frente al edificio del Congreso, en San Salvador, El Salvador, el 26 de julio de 2022.
Decenas de manifestantes sostienen fotos y carteles durante una protesta para exigir la liberación de sus familiares que fueron detenidos durante el estado de emergencia del Gobierno de Nayib Bulele, impulsado para frenar la violencia de las pandillas. Frente al edificio del Congreso, en San Salvador, El Salvador, el 26 de julio de 2022. © Reuters/Jessica Orellana

Para el analista político Rafael Francisco, “los juicios colectivos son una herramienta necesaria para procesar a los líderes de estructuras criminales que durante décadas desbordaron la capacidad del sistema judicial tradicional”.

En cambio, el sociólogo Rafael Paz Narváez, cuestiona las capturas masivas y la falta de garantías para los detenidos, advierte sobre la posibilidad de que personas inocentes queden atrapadas en el sistema y reclama “mayor acceso a abogados, transparencia y procesos judiciales individualizados”. 

Ambos coinciden en que existen aspectos del modelo que pueden ser corregidos, aunque discrepan sobre el alcance de esas reformas y sobre el riesgo de mantener medidas excepcionales durante años.

Nos acompañan en el análisis:

  • Rafael Paz Narváez, sociólogo, docente y miembro del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. 
  • Rafael Francisco Góchez, escritor y analista político. Miembro del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

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