El Servicio Regional de Salud Ozama responde a cuestionamiento sobre alquileres

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- Hasta marzo de 2026, el gobierno dominicano había destinado más de 897 millones de pesos y 2,185,617 dólares en alquileres de almacenes para instituciones públicas. La cifra, obtenida por el Listín Diario a partir de datos suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y la Contraloría de la República, abarcó un análisis de 93 procesos de contratación.  

Dentro de ese universo, el Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO) aparecía como la institución con mayor número de contratos: ocho en total. La publicación encendió las alarmas. Sin embargo, la institución respondió de inmediato con una aclaración puntual.

No son almacenes: son centros de salud

Juan Cáceres, consultor jurídico del SRSO, explicó que de los ocho locales arrendados, solo uno funciona como almacén para material gastable. Los siete restantes operan como Centros de Primer Nivel de Atención (CPNA) y supervisiones de área distribuidos a lo largo del Gran Santo Domingo.

«Cuando nos adentramos al desglose del informe justificativo, se puede ver que hay ocho alquileres distintos y la finalidad de cada uno: supervisiones de área, almacén y CPNA, que son centros de primer nivel de atención», explicó Cáceres.

Rosa Peña, analista legal del SRSO, confirmó que el único almacén del que dispone la institución pertenece a la supervisión de área de Santo Domingo Norte. «La gerencia se tuvo que trasladar a esa plaza, que son locales, y se habilitó para tener el espacio para el almacenamiento del material gastable y cosas que se suplen a los centros de primer nivel que le corresponden a su área», precisó.

Dónde están y para qué sirven

Según la institución, los siete locales restantes están distribuidos así: las oficinas de supervisión de área de Santo Domingo Norte funcionan en la Plaza Touriñan, avenida Jacobo Majluta esquina Hermanas Mirabal. En otros tres puntos operan el CPNA Guandules II (en el sector del mismo nombre), el CPNA CTU (en Villa Juana, Distrito Nacional) y las oficinas de supervisión de área de Santo Domingo Oeste, en la zona industrial de Herrera. Completan la lista el CPNA Capotillo, el centro de atención Los Manguitos (en Capotillo) y el CPNA Nueva Esperanza, en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo Este.

El límite legal y la interpretación institucional

Uno de los puntos de mayor controversia fue el límite que establece la ley: en procesos de excepción bajo la modalidad de exclusividad, los proveedores no pueden superar cinco. Cáceres ofreció su lectura jurídica.

«Cuando hablamos de cinco, es que el límite sea cinco, que puedan suplir las necesidades en cada uno de ellos por individual, con contrato diferente cada uno, presupuesto diferente cada uno, todo bajo los lineamientos de la norma», argumentó el consultor jurídico.

Peña añadió que aunque todos los procesos se incluyeron en una misma convocatoria, cada local corresponde a un ítem y presupuesto distintos. «Se hicieron en el mismo proceso, pero son diferentes», aclaró.

El presupuesto total y lo que cuesta cada mes

Los contratos del SRSO van desde RD$396,480 hasta RD$2,257,677, con un total que asciende a RD$8,385,324.48, monto que cubre los ocho centros por doce meses. Peña fue enfática en señalar que no se trata de un gasto mensual. «Por ejemplo, la gerencia de Santo Domingo Norte, que cuenta con el almacén y también las oficinas, tiene un costo mensual de RD$47,200 con el impuesto incluido», precisó.  

La funcionaria también subrayó que estos centros de primer nivel ya existían en locales alquilados antes de que la actual dirección jurídica asumiera sus funciones, debido a que el Estado no posee inmuebles propios en esas zonas. Los alquileres, explicó, se aprueban conforme a un levantamiento de necesidades realizado junto a la gerencia de área, con el objetivo de descongestionar los hospitales y acercar la atención primaria a las comunidades.

El contexto más amplio

La investigación de Listín Diario identificó que los procesos de excepción, una modalidad pensada para situaciones particulares, han terminado siendo la norma habitual entre las instituciones públicas que alquilan espacios. Según datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el gobierno dominicano gastó RD$10,670 millones en alquileres y rentas hasta la última semana de diciembre de 2025, y solo en las primeras semanas de junio de 2026 ya acumulaba RD$4,700 millones adicionales en ese renglón.  

El SRSO insiste en que sus contratos están registrados en el portal de Compras y Contrataciones y que el proceso se realizó apegado a la ley.