Hong Kong: declaran culpables de subversión a dos activistas prodemocracia; encaran hasta diez años de prisión

Los exlíderes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, Lee Cheuk-yan (69 años) y Chow Hang-tung (41 años), fueron declarados culpables de intentar derrocar al Gobierno chino, concentrado sin oposición en el Partido Comunista (PCCh), según un veredicto de este viernes del Tribunal Superior de Hong Kong.

El grupo coordinado por los activistas organizó hasta la pandemia vigilias anuales para conmemorar la represión de Beijing contra los manifestantes prodemocracia en la plaza de Tiananmen en 1989.

Lee y Chow, expresidente y exvicepresidente del colectivo ahora disuelto, enfrentan una condena de hasta 10 años de cárcel bajo la Ley de Seguridad Nacional (LSN) impuesta por China. Ambos, detenidos desde 2021, se declararon inocentes del cargo.

Las audiencias para la atenuación de la pena comenzarán a finales de agosto. Chow, abogada de profesión, fue una de las figuras más destacadas de la nueva generación de activistas prodemocráticos de Hong Kong, una militancia que comenzó con las vigilias de protesta en la Plaza de Tiananmen cuando era una estudiante de primaria.

Decenas de personas hicieron fila a las afueras del tribunal antes de la audiencia, a pesar de la lluvia. Lee y Chow sonrieron y saludaron al público antes de abandonar la sala del tribunal.

Cuando comenzó el juicio en enero, el coacusado Albert Ho, otro expresidente del grupo y también expresidente del Partido Demócrata —el principal partido hongkonés de la oposición— se declaró culpable, lo que normalmente podría derivar en una reducción de la pena. La próxima semana también solicitará una pena inferior.

Las autoridades hongkonesas respaldaron la decisión judicial. El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, acusó a los activistas de sembrar deliberadamente el odio contra el PCCh y el gobierno central, una conducta que consideró un peligro para la seguridad nacional.

En la misma línea, el superintendente jefe del departamento de seguridad nacional de la policía, Steve Li, celebró que el caso ayudará a las futuras fuerzas del orden a mantener el statu quo. «También deja claro al público que no se puede criticar ni hacer absolutamente nada. Simplemente, no debe haber incitación ni subversión del poder estatal», señaló.

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«Acabar con la dictadura»

La sentencia de los tres jueces, aprobados por el Gobierno, se basó en una frase reiterativa de los acusados sobre «acabar con la dictadura de partido único».

Los miembros del Tribunal Superior consideraron que ese eslogan de la alianza no pretendía exigir que el gobernante Partido Comunista (PCCh) regresara al sistema de cooperación multipartidista establecido en la Constitución, sino poner fin a su estatus de liderazgo constitucional.

Así, los acusados ​​»pretendían hacer que otros perdieran la confianza en el PCCh, fomentando la hostilidad y causando división, con el fin de lograr el objetivo de socavar el sistema básico fundamental», afirmaron los jueces en un resumen de la sentencia de 16 páginas, en el que equipararon el término «acabar» con el de «derrocamiento» y «socavamiento».

Los activistas fueron declarados culpables pese a que los jueces consideraron que Lee y Chow «creían y preveían que los actos de resistencia no necesariamente implicarían el uso de la violencia o la amenaza de violencia», aunque no por eso dejarían de constituir «una violación de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y conllevarían el riesgo de una larga pena de prisión».

La fiscalía argumentó que la primacía del Partido Comunista estaba consagrada en el artículo 1 de la Constitución china.

Durante el juicio, Lee declaró ante el tribunal que su llamado a «acabar con la dictadura de partido único» no tenía como objetivo acabar con el liderazgo del partido, sino avanzar hacia la democracia, dejando que el pueblo eligiera a sus gobernantes, y que el Partido Comunista no debía imponer una «dictadura».

Chow, quien se quejó de haber sido trasladada hasta el tribunal con grilletes en las manos y encadenada en la cintura y los tobillos, describió haber sido tratada «como a un perro» por los agentes de la prisión. «La justicia reside en el corazón del pueblo. No hay necesidad de recurrir a este tipo de decisiones impuestas desde arriba, y un solo veredicto no tiene mucha importancia», manifestó.

La defensa argumentó que los acusados ​​creían sinceramente que actuaban dentro de la ley, dadas las libertades de expresión de Hong Kong, pero estas explicaciones fueron rechazadas por los jueces, quienes concluyeron que ambos activistas «se negaron rotundamente a dar marcha atrás y estaban empeñados en mantener la línea de resistencia de la Alianza hasta el final».

Los jueces insistieron en que el veredicto de culpabilidad no está relacionado con otras acciones o creencias políticas de los acusados más allá de la polémica frase.

Algunos enviados extranjeros presenciaron la promulgación de la sentencia en el tribunal, entre ellos diplomáticos de la Unión Europea y de Estados Unidos.

Rosie Winterton, ministra para la región del Indo-Pacífico en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, interpretó el veredicto como una demostración más de que incluso los actos pacíficos de conmemoración en Hong Kong son tratados ahora por las autoridades como amenazas a la seguridad nacional.

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Represión creciente en Hong Kong

Las conmemoraciones públicas de las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989 solían ser legales y toleradas en Hong Kong y se consideraban un símbolo de la relativa libertad de este centro financiero asiático en comparación con la China continental. Durante décadas, la vigilia anual con velas fue la única conmemoración pública a gran escala en recuerdo de la represión de Tiananmén y atraía a decenas de miles de personas cada año.

No obstante, la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en 2020 prohibió de facto este encuentro. La norma desmanteló progresivamente el hasta entonces vibrante movimiento prodemocrático de Hong Kong.

Esta legislación amplió significativamente los poderes de los gobiernos chino y hongkonés dentro de Hong Kong, tras meses de protestas a favor de la democracia que sacudieron el centro financiero en 2019, incluso con actos de violencia y choques con la fuerza pública.

Muchos activistas destacados han sido encarcelados en virtud de esta misma ley, entre ellos el exmagnate de los medios de comunicación prodemocracia Jimmy Lai. Como consecuencia de los drásticos cambios políticos, decenas de grupos de la sociedad civil también se disolvieron.

Con Reuters y AP