Internacionales
La “abdicación del Estado”: informe advierte sobre la renuncia del Gobierno venezolano al “deber de proteger”
El Estado venezolano generó, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, “una paradoja institucional trágica” que ha quedado desnudada en las fallas a la atención de la emergencia generada tras el doblete sísmico del 24 de junio: “la coexistencia de un aparato estatal hipertrofiado para el control político y la coacción, pero absolutamente atrofiado para la gestión de riesgos y la asistencia civil”.
De esta forma se describen las razones del descalabro de la Administración de Delcy Rodríguez en la respuesta a la catástrofe en un informe de la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), publicado una semana después de los terremotos.
Se construyó un Estado “fuerte para coaccionar” e “inoperante para salvar”
El reporte, titulado ‘El Estado abdicó su deber de proteger’, revisa la reacción oficial a partir de cuatro ejes: la actuación de las instituciones, los señalamientos de corrupción, el manejo de la información y el marco jurídico al que el Gobierno está obligado a sujetarse.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
JEP señala que, después del proceso en el que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro (mientras la oposición reclamaba con actas en mano la victoria de Edmundo González Urrutia), se acentuó una desinstitucionalización que ha incidido directamente en la dificultad de la respuesta estatal ante la tragedia.
Al asegurar que se construyó un Estado “fuerte para coaccionar” e “inoperante para salvar”, el documento de 18 páginas agrega que “se desmanteló la meritocracia en la administración pública, se desfinanció la investigación científica y se politizaron los cuerpos técnicos de rescate”.
Ello derivó en “un Estado que posee la capacidad táctica para disolver una manifestación en minutos, pero carece de la articulación logística para instalar refugios dignos”.
Según JEP, se ha producido una “mutación del aparato burocrático”: “En lugar de actuar como un facilitador de la crisis, las instituciones se han erigido como obstáculos crueles para una población ya vulnerada”.
La ONG apunta que, además de las fallas en la atención de la emergencia en el terreno, ha habido incapacidad para garantizar un entorno digno para los damnificados y cita declaraciones de la portavoz en Ginebra de ACNUR Carlotta Wolf, quien señala que 40% de los que han perdido sus hogares permanecen a la intemperie en parques e incluso en un campo de golf.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Impedir en lugar de facilitar
El informe también se refiere a las denuncias de impedimentos para el ingreso de los contingentes de rescatistas internacionales, las trabas burocráticas para el registro de voluntarios y la lentitud para emitir actas de defunción y permitir la disposición de los restos por los familiares.
Se refiere además a “las denuncias de la escandalosa exigencia de pagos ilícitos de hasta 1.000 dólares para la entrega de cadáveres identificados”.
JEP marca un contraste entre la inacción oficial y la organización de “sociedad civil, vecinos, voluntarios y ONGs locales, sosteniendo con sus propias manos el peso primario de la emergencia”.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
El texto del informe alude también a la inconsistencia en la información proporcionada por el Estado y los intentos oficiales por obstaculizar la labor periodística, denuncias que han sido compartidas por medios nacionales independientes, corresponsales internacionales y enviados especiales.
Para la institución, estas tendencias constituyen “una negligencia en la gestión de la crisis”, que provoca que “las agencias humanitarias y la sociedad civil actúen a ciegas”, aislando a las víctimas al marginar “zonas enteras de los mapas de rescate oficial” y minando la confianza pública en la distribución de las donaciones.
Derechos vulnerados
El informe agrega que el Derecho Internacional de Naciones Unidas, según el proyecto de Artículos sobre la Protección de Personas en caso de Desastre, impone la “responsabilidad primordial” del Estado de proteger, la obligatoriedad de “procurar la asistencia internacional” y la condición expresa de que no podrá denegar “de manera arbitraria” el consentimiento para esa ayuda.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Rescatistas de varios países han debido cancelar planes para desplegarse en Venezuela o los han visto demorados por la negativa o la lentitud en la emisión de los permisos correspondientes por parte del Gobierno de Rodríguez.
En su escrito, JEP recuerda que las víctimas tienen “derecho a recibir asistencia vital, protección, información veraz y restitución de las necesidades biológicas y jurídicas básicas sin discriminación”, y que el Estado, por su parte, tiene el deber de “abstenerse de obstaculizar el flujo informativo y de socorro”, además de “castigar los delitos de extorsión o desvío de insumos”, dos prácticas denunciadas en el manejo de la crisis generada por los terremotos.