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La Corte Suprema de EE. UU. habilita el fin del estatus de protección temporal para haitianos y sirios
La Corte Suprema de EE.UU. autorizó el 25 de junio al Gobierno de Donald Trump a poner fin a las protecciones legales para los migrantes que huyen de la violencia y los desastres naturales en Haití y Siria, lo que deja a cientos de miles de personas más expuestas a una posible deportación.
El fallo, de 6 votos contra 3, revoca decisiones de tribunales inferiores y permite que el Departamento de Seguridad Nacional ponga fin de manera expeditiva al estatus de protección temporal (TPS), un programa que ampara a 1,3 millones de personas de 17 países.
Se trata de otra victoria en el máximo tribunal para la ofensiva del presidente republicano contra la inmigración. Si bien la corte, de mayoría conservadora, frenó algunas de las políticas migratorias de Trump, este jueves 25 de junio le concedió un segundo triunfo con un fallo que despeja el camino para reactivar una medida que restringe a los inmigrantes que solicitan asilo.
La mayoría conservadora del tribunal determinó que la ley no permite a los jueces cuestionar el procedimiento que utilizan las autoridades migratorias para revocar las protecciones.
La opinión del juez Samuel Alito también desestimó los argumentos de que los comentarios despectivos de Trump sobre los haitianos demostraban que la decisión estaba ilegalmente teñida de prejuicios.
Alito calificó esas declaraciones como «insuficientes para demostrar que la cancelación de la designación de TPS para Haití se basó en la raza del pueblo haitiano».
La carga racial de la decisión
La jueza Elena Kagan manifestó un firme desacuerdo y calificó los comentarios de Trump como «tan repugnantes y con tal carga racial que la mayoría se niega a ponerlos por escrito».
Su voto en disidencia recordó que Trump había dicho que los haitianos en Estados Unidos «probablemente tienen sida», y que también difundió rumores falsos durante la campaña de 2024 según los cuales inmigrantes haitianos en Ohio secuestraban y se comían a perros y gatos.
Las autoridades federales niegan que los prejuicios hayan influido y sostienen que el TPS debía ser temporal, pero en algunos casos se prolongó por más de una década.
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, celebró el fallo del jueves. Dijo que el programa se había convertido en «una amnistía de facto. Esto es un triunfo para el estado de derecho y el sentido común».
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En una entrevista con Fox News el jueves, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo calificó como «una victoria que llevó 10 años», al señalar que permite que los migrantes haitianos «por fin» puedan ser expulsados.
Los abogados advirtieron que los inmigrantes haitianos correrían peligro si son enviados de regreso.
«En pocas palabras, el fallo de la Corte Suprema provocará directamente que miles de personas inocentes mueran de forma violenta e innecesaria«, afirmaron Geoff Pipoly y Andy Tauber.
Los letrados instaron al Senado a aprobar una extensión de las protecciones contra la deportación para los haitianos, que la Cámara de Representantes había aprobado en abril en una votación bipartidista poco habitual.
«Las familias están acá, los chicos van a la escuela, los padres van a trabajar, la gente trata de trasladarse, y es como si la Corte Suprema hubiera puesto en pausa todas esas actividades y dejara a la gente en un limbo», dijo Viles Dorsainvil, quien dirige un centro de apoyo para haitianos en Springfield, Ohio.
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Las personas con TPS también son una pieza clave de la fuerza laboral en los centros de cuidados prolongados, según un grupo del sector.
«Sería una pérdida terrible para todos los adultos mayores de nuestra comunidad», dijo Rita Siebenaler, residente de Goodwin Living, una comunidad de vida asistida en Virginia.
El Departamento de Justicia recurrió a la Corte Suprema después de que varios jueces postergaran el fin del programa para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios. El máximo tribunal ya había respaldado al Gobierno con anterioridad y autorizó el fin del programa para personas provenientes de Venezuela.
Riesgos todavía vigentes
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional avanzó para poner fin a las protecciones, algunas de ellas vigentes por más de una década, para personas de 13 países.
Los abogados de inmigración sostuvieron que las cancelaciones se realizaron mediante un procedimiento indebidamente acelerado, pese a que países como Haití y Siria siguen siendo peligrosos.
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Cuatro mujeres haitianas que fueron deportadas de Estados Unidos en febrero aparecieron meses después decapitadas y arrojadas a un río, según indicaron los abogados en documentos judiciales.
Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la NAACP, calificó el fallo como «una traición devastadora a las familias haitianas que vivieron, trabajaron y aportaron a este país durante años, solo para ser expulsadas por un sentimiento antiinmigratorio y antinegro«.
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Estados Unidos otorgó por primera vez protecciones a los haitianos en 2010, tras un terremoto catastrófico, y las prorrogó en varias ocasiones ante la violencia constante de las pandillas, que desplazó a más de un millón de personas, según documentos judiciales.
Los sirios recibieron el estatus de protección por primera vez en 2012, durante una guerra civil que se prolongó por más de una década antes de la caída del Gobierno del presidente Bashar al-Assad, a fines de 2024.
«Hoy, muchos de los miembros de nuestra comunidad se sienten perdidos», dijo Farrah AlKhorfan, de la organización Immigrants Act Now, en referencia a los inmigrantes sirios que pierden las protecciones del TPS. «Están tratando de entender qué significa esta decisión para ellos, cómo se va a aplicar y cuánto tiempo tendrán para prepararse para lo que viene».
El programa fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones a países que atraviesan desastres naturales, conflictos civiles y otras situaciones de inestabilidad. Permite que las personas que ya se encuentran en el país permanezcan con permisos de trabajo en períodos de hasta 18 meses, pero no ofrece un camino hacia la ciudadanía.
Con AP