Regularización masiva en España: 1,2 millones de migrantes esperan integrarse a la economía

El plan extraordinario de regularización migratoria promovido por el Gobierno de España cerró su periodo de solicitudes con un resultado que superó ampliamente las previsiones oficiales. 

El plazo para presentar las aplicaciones comenzó en abril y concluyó este martes 30 de junio. La medida estaba dirigida a migrantes indocumentados que residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que pudieran demostrar su permanencia en el territorio, además de no tener antecedentes penales. 

A cambio, los solicitantes podrían acceder a un permiso temporal de residencia y trabajo renovable por un año, con la posibilidad de incorporarse plenamente al sistema laboral y fiscal español.

España regulariza a medio millón de migrantes: las historias de vida detrás de la medida

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La política ha sido una de las principales apuestas del Gobierno socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha insistido en que la regularización responde a una estrategia económica y demográfica más que a una decisión política.

Durante una presentación sobre migración, Sánchez sostuvo que el elevado número de solicitudes confirma que la medida era necesaria. 

«El hecho de que más de un millón de personas se presentaran demuestra lo necesaria que era esta medida», afirmó el líder español.

El jefe del Ejecutivo defendió además que la inmigración constituye un pilar para el crecimiento económico del país y lanzó una de las advertencias más contundentes sobre el futuro de la economía española. Según dijo, sin el aporte de la población migrante, España perdería el 19% de su producto interno bruto hacia 2050.

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El Gobierno argumenta que la regularización permitirá incorporar a cientos de miles de trabajadores a la economía formal, aumentando la recaudación de impuestos y reforzando el sistema de seguridad social en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad.

El desempeño reciente de la economía española es uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar esta política. Tras el impacto de la pandemia, el país registró un fuerte repunte económico con crecimientos del PIB cercanos al 6,5% durante dos años consecutivos. Posteriormente, la expansión se moderó y ha enfrentado mayores dificultades para mantenerse por encima del 3%.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de España, la actividad económica continúa apoyándose en un sector turístico en expansión, condiciones energéticas favorables y un sólido consumo interno. En esa estructura productiva participan miles de trabajadores migrantes, especialmente en actividades como la hostelería, la agricultura, la construcción, los servicios y el cuidado de personas.

Sánchez también vinculó la inmigración con la sostenibilidad del Estado de bienestar y con la necesidad de hacer frente al declive demográfico. Según explicó, sin la llegada de población migrante, para mediados de siglo España perdería alrededor de 90.000 bares, 220.000 granjas y 50.000 aulas debido a la reducción de la población y la falta de mano de obra.

«España nunca ha avanzado construyendo muros«, afirmó el presidente. «Lo único decente es tender la mano, no darle la espalda a la inmigración».

Como complemento al proceso de regularización, el Gobierno anunció un plan de integración dotado con 505 millones de euros —equivalentes a unos 575 millones de dólares— destinado a facilitar el acceso de los migrantes al empleo, la educación, la vivienda y la atención sanitaria. La iniciativa también contempla una campaña pública para destacar la contribución económica y social de la población migrante.

Con información de medios locales.