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Respuesta lenta, salud colapsada, escasez: la frustración crece ante las carencias acumuladas en Venezuela
A punto de cumplirse una semana desde el doble terremoto que azotó a Venezuela, las esperanzas de hallar sobrevivientes se desvanecen y, en su lugar, afloran el enojo, el reproche y la sensación de abandono por lo que muchos ciudadanos consideran una respuesta lenta y tardía de las autoridades.
En muchas zonas afectadas, los residentes, que han tenido que escarbar los escombros con sus propias herramientas o simplemente con las manos ante la ausencia de maquinaria pesada, se niegan a despegarse de edificios en ruinas, en los que están atrapados sus seres queridos.
La frustración se canaliza, en ocasiones, en encontronazos entre los propios vecinos o en reproches a policías y militares desplegados en las áreas castigadas, con la misión de garantizar cierto orden, pero que no se arremangan junto a los civiles.
La magnitud de los daños ha dejado expuesto a un aparato estatal que, más allá de la escala inédita del fenómeno, ha mostrado deficiencias para movilizar los equipos necesarios para el rescate de víctimas en las horas críticas posteriores al doble terremoto o para restablecer servicios básicos.
Esto se suma a un prolongado deterioro institucional, falta de mantenimiento de infraestructuras y limitaciones operativas que han dejado claro que el país no estaba adecuadamente preparado para un desastre de este calibre.
«Estamos esperando respuestas»
Mientras las tareas de auxilio (con las limitaciones mencionadas) se han concentrado principalmente en Caracas y el estado vecino de La Guaira, el más devastado por los sismos, otras zonas afectadas siguen aguardando la llegada de ayuda.
Es el caso de El Junquito, un pequeño pueblo turístico en una región montañosa a unos 33 kilómetros al oeste de la capital. Sus pobladores denuncian haber quedado olvidados y piden ayuda para retirar los escombros.
«El gobierno como tal no ha subido aquí a mandar las máquinas, estamos a la espera. Lo que le pedimos es que nos ayude, que termine de mandar la maquinaria para saber qué va a pasar con nosotros», reclamó Dayana García, transportista de 44 años, a la agencia AFP.
En este poblado, al que muchos venezolanos solían llegar de visita los fines de semana, el centro comercial quedó prácticamente destruido y varios edificios se derrumbaron. Los agricultores locales y otros residentes se han encargado de proporcionar suministros básicos a la comunidad ante la ausencia estatal.
«Estamos esperando respuestas, que se limpien los escombros y que se realicen las inspecciones», afirmó a Reuters Keily Ibarra, una manicurista de 33 años que lidera las quejas ciudadanas ante las autoridades. Hizo un llamado al gobierno para que haga «lo que sea necesario».
Mientras los rescates aquí se han dado por el empeño de familiares y residentes (como ocurrió con Carmen Angarita, quien, junto a su nieta de ocho años, fue rescatada por su sobrino), varios habitantes han instalado tiendas de campaña al aire libre, pese al riesgo que representan los edificios dañados en las cercanías.
«No sabemos dónde vamos a estar ubicados ni cuánto tiempo vamos a estar aquí», explicó Tony Abreu, propietario de una tienda de dulces local que ha estado viviendo en una carpa porque su casa y su negocio no son seguros.
Con casi 2.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos (el gobierno evita referirse a ellos, pero la ONU estima que podría haber hasta 50.000 personas en paradero desconocido), la escala real de la devastación todavía está por determinar, aunque ya se asume de proporciones enormes.
A medida que las horas pasan, los rescates con vida empiezan a reducirse a milagros, como ocurrió con Aaron Levi, de 21 años, que fue sacado después de 106 horas atrapado bajo los escombros y una operación de 43 horas, en un edificio derrumbado en La Guaira.
En el estado más golpeado por los terremotos, además, otro de los desafíos es la gestión de los cuerpos de las víctimas. En la zona del puerto se ha instalado una morgue improvisada, donde médicos forenses con batas y gorros azules caminan entre decenas de cuerpos en bolsas, apilados mayormente en el suelo, aunque algunos ya están en ataúdes de madera.
Allí, los familiares hacen filas por varias horas hasta poder entrar y reconocer a sus seres queridos o recibir sus cadáveres. En este caso, también critican la falta de personal, otra queja más a la larga lista de las falencias en el manejo de la emergencia.
Hospitales desbordados y médicos agotados
La llegada masiva de heridos también ha desbordado a los hospitales y centros de salud en varias zonas afectadas, agravando una situación de por sí precaria. Desde hace años, gremios médicos y organizaciones humanitarias han denunciado la escasez de suministros, el deterioro de equipos, el déficit de personal y las dificultades para atender emergencias complejas en el diezmado sector sanitario de Venezuela.
Consultados por EFE, al menos cinco fuentes indicaron que médicos y enfermeras de hospitales públicos en Caracas están atendiendo la emergencia con turnos extendidos por hasta 24 horas y salarios que no alcanzan ni un dólar al mes. «Nosotros pagamos para ir a trabajar», resume un médico pediatra del Hospital Miguel Pérez Carreño, al oeste de Caracas, quien habló en condición de anonimato.
Ese centro de salud está catalogado de tipo cuatro, es decir, diseñado para atender enfermedades y casos de alta especialización y tecnología médica. Sin embargo, el galeno entrevistado por EFE sostiene que «el hospital siempre ha estado muy mal dotado» y «no tiene laboratorio, bacteriología, el servicio de imagen muy recientemente se activó».
El pediatra también señaló que la respuesta a la emergencia ha sido «muy tardía» y que numerosos heridos han tenido que ser amputados.
«Hemos recibido a pacientes en muy malas condiciones. Tan en malas condiciones que muchos han terminado con alguna amputación. Por lo menos un 60% están amputados. Tenemos al menos 30 pacientes (niños) desde el miércoles», indicó el profesional.
Enfermeras del nosocomio añadieron a EFE que, en este contexto, han visto llegar al hospital a personas acostadas sobre puertas y mesas o transportadas en vehículos particulares ante la falta de ambulancias. También agradecieron las donaciones de voluntarios que les permiten acceder a insumos o que incluso han organizado la instalación de un laboratorio móvil para la toma de muestras en el lugar.
Por su parte, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, advirtió acerca de la «presión extrema» sobre los servicios de salud y el riesgo «de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina».
Signos de escasez de alimentos y agua y falta de refugios
Con la ventana de oportunidad para rescatar sobrevivientes cerrándose, el Gobierno de Delcy Rodríguez y las organizaciones en el terreno parecen empezar a cambiar el foco de la emergencia hacia dar respuestas a las personas que han quedado sin techo.
El presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, anunció la habilitación de 15 refugios en La Guaira y de 50 campamentos provisionales en las zonas afectadas por los sismos. Sus comunicaciones diarias, no obstante, han carecido de detalles técnicos y varios damnificados echan en falta datos más precisos sobre la ubicación o el alcance de los refugios.
De momento, el Ejecutivo venezolano ha relevado 855 edificios dañados por los sismos, pero estimaciones como la realizada por la NASA mediante la evaluación preliminar de datos satelitales refieren a un potencial de más de 58.000 edificios probablemente dañados o destruidos.
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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó este martes 30 de junio que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente» y que se ha registrado «un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada».
Tras las primeras evaluaciones en el terreno –realizadas el 26 y 27 de junio en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo–, la agencia recabó cerca de 16.000 afectados, que han tenido que buscar un lugar alternativo para vivir, aunque no todos lo han conseguido y deben permanecer a la intemperie.
«La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39% permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene», señaló en Ginebra la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf.
La vocera añadió que se observa «una grave escasez de alimentos» y «el colapso de servicios básicos».
«La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica», alertó en la misma rueda de prensa Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Venezuela.
Y es que las autoridades han enfrentado dificultades para restablecer el suministro de energía en distintas zonas afectadas, donde la infraestructura eléctrica ya se encontraba debilitada por fallas recurrentes, apagones y falta de inversión. Eso complica las labores de rescate, la atención hospitalaria y las comunicaciones.
Según fuentes del sector consultadas por Reuters, estos cortes de electricidad también impidieron la reactivación de una refinería, un complejo petroquímico y otras plantas industriales de la región central del país. Pese a esto, la petrolera estatal PDVSA no prevé una escasez de combustible a nivel nacional porque la producción en las regiones oriental y occidental es capaz de satisfacer la demanda, incluso con el aumento de su uso para las maquinarias pesadas.
La solidaridad internacional rompe el aislamiento
Tras la tardía respuesta en las horas posteriores a los terremotos, la solidaridad internacional ha resultado clave para las tareas de rescate.
Las autoridades venezolanas detallaron que el país ha recibido respaldo de 30 naciones, incluyendo 1.000 toneladas métricas de suministros, más de 3.600 rescatistas y trabajadores de apoyo, así como 118 perros de búsqueda y salvamento.
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Esta suerte de tregua humanitaria, incluso de países con fuertes disputas con el gobierno chavista, ha matizado un poco el aislamiento internacional al que ha estado sometida Venezuela, un país afectado por los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
Pese a la apertura auspiciada por Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro y el reconocimiento al Gobierno de Delcy Rodríguez, la economía venezolana arrastra las secuelas de años de restricciones de acceso al crédito, la inversión y los mercados financieros; una deuda externa acumulada que rondaría los 240.000 millones de dólares, según informó el Financial Times, y deterioro productivo.
La gran incógnita es si esta diplomacia humanitaria llevará a una apertura internacional más duradera para Venezuela, de cara a una reconstrucción que exigirá recursos, financiamiento y apoyo técnico.
Susana Arroyo, portavoz de la Cruz Roja Internacional, puso este temor en palabras, en una entrevista con la Cadena Ser de España. Tras recordar que en muchas de las zonas afectadas «había una situación de vulnerabilidad preexistente que hace todo más difícil», expresó su «preocupación» porque «pronto toda la tensión que hay puesta en el terremoto se diluya y todavía quede lo más difícil, lo más largo, lo más laborioso por delante, que es volver a levantar comunidades enteras«.
Con Reuters, AFP, EFE y medios