Sala de ahorcamientos con palcos para observar: la construcción de Israel para la pena de muerte de palestinos

De la ley al patíbulo. Es la más reciente barbaridad de la que se muestra orgulloso el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.

Sin embargo, su anuncio no supone la aprobación de una nueva pena, sino la materialización de una legislación que la Knesset (el Parlamento) aprobó el pasado 30 de marzo por 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención. 

La norma entró en vigor el 5 de abril y establece la pena de muerte como condena por defecto para determinados palestinos de Cisjordania condenados por tribunales militares que los consideren culpables de ataques mortales, señalados como actos de terrorismo, aunque permite sustituirla por cadena perpetua en circunstancias especiales.

La legislación establece, además, que una sentencia de muerte firme debe ejecutarse mediante ahorcamiento dentro de un plazo de 90 días, salvo que se conceda un aplazamiento excepcional. El nuevo régimen separa a los condenados a muerte del resto de los presos y regula específicamente su custodia.

“Estamos haciendo historia”

Ahora, Ben-Gvir ha mostrado públicamente los primeros trabajos de construcción de lo que él mismo denomina una instalación de ahorcamiento, ubicada en un centro penitenciario cuya localización no se ha hecho pública. En un vídeo difundido por el ministro se observan estructuras en construcción y una zona acordonada.

“Estamos haciendo historia”, proclamó Ben-Gvir al presentar el proyecto y defender que quienes considera terroristas “merecen” la muerte en la horca. El tono del anuncio, más que limitarse a explicar la aplicación administrativa de una ley, convierte la ejecución en un elemento de exhibición política.

Una sala diseñada también para ser observada

Uno de los elementos más llamativos del proyecto son los espacios de observación previstos para familiares de víctimas. Según el anuncio del ministro, habrá palcos o cabinas desde los que podrán presenciarse las ejecuciones y se facilitarán permisos de visita para los familiares.

La medida introduce una dimensión particularmente simbólica en la aplicación de la pena capital: la ejecución deja de aparecer únicamente como el desenlace de un proceso judicial y pasa a incorporar un componente de escenificación pública y de participación de los allegados de las víctimas.

Ben-Gvir ha hecho de la dureza contra los presos palestinos uno de los ejes de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su oficina ha presentado el nuevo dispositivo como la culminación de una promesa política: endurecer las condiciones penitenciarias, aprobar la pena de muerte y ahora construir el corredor de la muerte y el lugar de ejecución.

El propio ministro ha designado además a familiares de víctimas del terrorismo como inspectores vinculados al mecanismo de supervisión previsto por la legislación. Para Ben-Gvir, su participación reconoce el sufrimiento de las víctimas; sus críticos consideran que incorporar ese componente emocional al funcionamiento de una pena irreversible aumenta el carácter punitivo y político de la medida.

Una ley cuestionada por discriminatoria

El principal foco de controversia no es únicamente la pena capital, sino quién queda sometido a ella y bajo qué sistema judicial.

La legislación modifica las normas aplicables a los tribunales militares de Cisjordania y establece la pena de muerte como regla para determinados palestinos que cumplan los requisitos establecidos. Los ciudadanos y residentes israelíes, incluidos los colonos, están sometidos en general al sistema civil israelí. Naciones Unidas ha señalado que los tribunales militares tienen jurisdicción exclusiva sobre los palestinos en el territorio palestino ocupado, mientras los israelíes son juzgados bajo el sistema civil.

La propia Knesset describe la excepción de manera explícita: la disposición militar se aplica a residentes de la zona que no sean ciudadanos o residentes de Israel. En paralelo, la legislación civil contempla la pena capital para determinados asesinatos cometidos con la intención de negar la existencia del Estado de Israel.

Esta diferencia ha alimentado las acusaciones de discriminación. Expertos de Naciones Unidas calificaron la nueva legislación de un régimen de pena capital discriminatorio y pidieron su derogación, al considerar que resulta incompatible con las obligaciones internacionales de Israel en materia de derecho a la vida e igualdad ante la ley.

La advertencia de Naciones Unidas

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Israel que derogue la ley apenas un día después de su aprobación. Naciones Unidas advirtió problemas relacionados con el derecho a la vida y el debido proceso y señaló que la aplicación de la pena de muerte mediante los tribunales militares de Cisjordania plantea serias cuestiones de derecho internacional.

Los expertos de la ONU también cuestionaron que civiles palestinos puedan ser sometidos a tribunales militares y señalaron que la ejecución mediante ahorcamiento, dentro del régimen establecido por la ley, resulta incompatible con las obligaciones internacionales de Israel en materia de derechos humanos.

La controversia ha llegado asimismo al terreno judicial israelí. Abogados árabe-israelíes se han sumado a una impugnación ante el Tribunal Supremo que cuestiona la constitucionalidad de la legislación y sostiene que vulnera derechos como la vida, la dignidad, la igualdad y el debido proceso.

Ben-Gvir y la política de la provocación

El anuncio del patíbulo llega después de una sucesión de declaraciones de Ben-Gvir que han provocado condenas internacionales. El ministro, una de las figuras más radicales del Gobierno israelí, defendió recientemente que Israel debería realizar entre 30 y 40 asesinatos selectivos por noche en Gaza, incluyendo personas que, según sus propias palabras, no representarían necesariamente una amenaza inmediata.

Sus declaraciones fueron calificadas de inaceptables e inhumanas por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot y el canciller alemán, Friedrich Merz, también las condenó. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, las describió como atroces, indignantes, deshumanizantes y peligrosas, según las informaciones citadas.

El historial político de Ben-Gvir refuerza la controversia. El ministro ha sido condenado anteriormente por delitos relacionados con incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista y durante años ha defendido posiciones ultranacionalistas y medidas de endurecimiento contra los palestinos.

Se trata de una decisión de Israel irreversible, en un contexto de numerosos abusos y asedio contra los palestinos. La construcción de la instalación llega en un momento de extrema tensión en torno a Gaza y Cisjordania. Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra, las condiciones de los presos y detenidos palestinos se han convertido en uno de los principales focos de denuncia de organizaciones de derechos humanos.

La pena de muerte añade ahora una dimensión irreversible al sistema de justicia aplicado a los palestinos. Una condena de prisión puede ser revisada, recurrida o modificada; una ejecución elimina definitivamente cualquier posibilidad de reparación ante un eventual error judicial.

Ese es uno de los argumentos centrales de quienes se oponen a la legislación. La preocupación no se limita a la existencia de la pena capital, sino a su aplicación en un sistema donde los palestinos de Cisjordania son juzgados por tribunales militares y donde, según Naciones Unidas, existen importantes interrogantes sobre las garantías procesales.

El patíbulo como mensaje político

Ben-Gvir presenta la construcción como una victoria política y un instrumento de disuasión. Pero el anuncio de una sala con espacios para observar las ejecuciones añade una dimensión que trasciende la aplicación de una sentencia.

La imagen de una infraestructura específicamente diseñada para ahorcar condenados, exhibida públicamente por el propio ministro, convierte el castigo en un mensaje. El Estado no solo anuncia que puede ejecutar: muestra que está construyendo el lugar donde hacerlo.

La ley ya está vigente. Lo que cambia ahora es que el proyecto abandona el terreno abstracto de la legislación y comienza a adquirir una forma física: un corredor de la muerte, una sala de ejecuciones y, de acuerdo con el anuncio ministerial, palcos desde los que observarlas.

En ese paso de la norma al patíbulo reside la dimensión más inquietante del anuncio de Ben-Gvir: la pena de muerte deja de ser únicamente una posibilidad jurídica y empieza a convertirse en una infraestructura concreta de castigo.

Con medios locales