Un análisis revela el impacto «mixto» de la reforma fiscal 30-26 sobre los seguros en República Dominicana

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La Ley 30-26 de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, promulgada por el presidente Luis Abinader el 18 de junio de 2026, no tiene un efecto uniforme sobre todos los sectores económicos. Dentro de la industria aseguradora, el veredicto es claro pero matizado: impacto mixto, con un beneficiario principal que se destaca del resto.

Así lo concluye el análisis «Matriz explicativa de impactos de la Ley 30-26 sobre la industria de seguros», elaborado por la firma Starta y al que tuvo acceso elDinero. Su autor es Guarocuya Félix, economista, exdirector general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y socio fundador de Starta, quien explica que el propósito del documento es «ordenar técnicamente los principales efectos de la Ley 30-26 sobre la industria de seguros, distinguiendo entre impactos directos, efectos indirectos, oportunidades, riesgos operativos y asuntos que todavía requieren validación reglamentaria o jurídica».

El seguro de vida, principal ganador

El mayor beneficio concreto de la reforma para el sector es la eliminación progresiva del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que grava los seguros de vida. La normativa establece una reducción gradual: el ISC pasará al 11% en 2027, al 6% en 2028 y quedará completamente exento a partir de 2029. El gravamen selectivo a los seguros de vida será desmontado en un período de tres años, según confirmó el propio ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Para entender la magnitud de esta corrección, hay que recordar el contexto previo. La Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores (Cadoar) estimó que los dominicanos compran en el extranjero más de US$350 millones anuales en seguros de vida, una cifra que ilustra cuánto ha encarecido durante décadas un producto esencial para la protección financiera de las familias. Según datos de la DGII, entre 2020 y abril de 2026 el Estado recaudó por ISC al sector seguros un total de RD$65,626.80 millones.

Félix señala que la reducción del impuesto no solo representa un alivio tributario, sino que puede traducirse en una mayor persistencia de las pólizas, un incremento de ventas y una mejora en la percepción de valor por parte de los consumidores. A esto se suma un elemento que la reforma preservó expresamente: la exención del impuesto sucesoral para las indemnizaciones derivadas de contratos de seguro de vida. Para el economista, esta disposición «adquiere especial relevancia en un contexto donde la transmisión ordenada del patrimonio y la protección económica de los beneficiarios cobran cada vez mayor importancia dentro de las estrategias financieras de las familias dominicanas».

Los nuevos costos que preocupan al sector

Fuera del seguro de vida, el panorama se complica. La medida que más preocupa a los especialistas es el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, cuya tasa sube a 0.002, equivalente a 2.0 por mil. Félix la califica como «la medida más distorsiva para la industria» debido a la alta intensidad transaccional que caracteriza al negocio asegurador: cobro de primas, pago de siniestros, comisiones a intermediarios, reembolsos, pagos a proveedores y operaciones de reaseguro. Todo ese flujo cotidiano queda impactado.

A eso se suma el nuevo esquema de anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Desde 2027, las empresas medianas y grandes cuya tasa efectiva de tributación sea igual o inferior al 1,5% deberán anticipar un monto equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos, lo que, según el análisis, puede generar tensiones de caja para actividades como la aseguradora, donde los volúmenes de primas no necesariamente representan márgenes económicos efectivos.

Para las grandes aseguradoras, hay otro frente abierto. La ley establece una tasa general de ISR corporativo de 27% y una sobretasa temporal de 30% para el período 2026-2028 aplicable a contribuyentes con ingresos iguales o superiores a RD$1,000 millones. «El impacto debe medirse por entidad, resultado técnico, resultado financiero, reservas, siniestralidad, costos regulatorios y capacidad de trasladar precios», recomienda Félix.

Los servicios tecnológicos del exterior, bajo nueva presión

Uno de los puntos de mayor complejidad identificados en el análisis es el tratamiento tributario de los servicios contratados fuera del país. La Ley 30-26 amplía el alcance del concepto de asistencia técnica y grava determinados servicios prestados desde el extranjero pero utilizados en territorio dominicano. La nueva disposición establece una retención del 15% sobre pagos al exterior por licencias de software, regalías, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube, áreas que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier aseguradora moderna: modelación actuarial, plataformas tecnológicas, sistemas core, ciberseguridad e inteligencia artificial.

 Corredores y agentes: retención del 15% sobre sus ingresos

Los profesionales independientes vinculados al sector también sienten el cambio. La introducción de una retención del 15% sobre honorarios, comisiones y servicios prestados por personas físicas afecta directamente a corredores individuales, ajustadores, peritos, tasadores, actuarios, abogados y consultores. Aunque estas retenciones operan como pagos a cuenta del impuesto correspondiente, el informe advierte que pueden generar presiones temporales de liquidez y requerir ajustes en los procesos administrativos de las aseguradoras que realizan esos pagos.

Una oportunidad para el segmento exportador

Dentro de las medidas favorables aparece un nicho específico. En el caso de los exportadores, la legislación establece mecanismos de devolución de impuestos pagados por seguros, con el objetivo de fortalecer la competitividad de los productos dominicanos en mercados internacionales. Para Félix, esta disposición puede estimular una mayor demanda de seguros dentro del segmento exportador y crear nuevas oportunidades comerciales para aseguradoras y corredores especializados en riesgos corporativos.

La hoja de ruta para adaptarse

El análisis de Starta termina con un mensaje concreto para la industria: hay que actuar antes de que entren en vigor las disposiciones previstas. Las aseguradoras deberán actualizar sistemas de facturación, estructuras de retención, contratos con proveedores internacionales, modelos de precios, estrategias comerciales y matrices de riesgos tributarios.

En el fondo, la Ley 30-26, que permitirá al Estado captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, no es una reforma diseñada para el sector asegurador. Pero sus efectos sobre él son reales, medibles y urgentes. El seguro de vida sale fortalecido. El resto del sector tiene trabajo por delante.