Cardiólogos temen que por nuevo Código Penal la justicia no distinga entre error médico y negligencia

Ricardo Blanchery, Paola García y Reynaldo Gómez 

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas (ASODCI) emitió un comunicado oficial para alertar sobre las consecuencias que podría tener la Ley 74-25 —el nuevo Código Penal Orgánico de República Dominicana— sobre el ejercicio de la medicina especializada en el país.

La Ley núm. 74-25 fue promulgada el 3 de agosto de 2025 y, conforme a su artículo 393, entrará en vigencia 12 meses después de su promulgación, lo que sitúa su aplicación efectiva en agosto de 2026.

Según la entidad médica, la normativa introduce más de 70 nuevas figuras jurídicas y tipifica como delitos la negligencia, la impericia y la inobservancia de protocolos. Por primera vez en la historia legislativa dominicana, un centro de salud como persona jurídica puede ser procesado, condenado y hasta disuelto judicialmente. La responsabilidad se activa cuando la infracción se produce por acción u omisión de sus órganos, representantes o subordinados, actuando en nombre o en beneficio de la entidad.

El punto que más preocupa a ASODCI es la ausencia de una distinción clara entre el error clínico inevitable y la conducta dolosa. 

La cardiología intervencionista es una especialidad de alta complejidad: los procedimientos se realizan en pacientes en estado crítico y conllevan riesgos inherentes, incluso cuando el médico actúa conforme a los protocolos establecidos.

«Aplicar este marco legal al acto médico sin las salvaguardas necesarias constituye una amenaza directa al ejercicio de la cardiología intervencionista», señaló ASODCI en su declaración.

Los casos de homicidio culposo derivados de presunta negligencia médica podrían conllevar penas de prisión de dos a tres años cuando la actuación profesional provoque la muerte de un paciente, y las lesiones culposas también estarán sujetas a sanciones penales y económicas, dependiendo de la gravedad de los daños ocasionados. Para los centros médicos, las sanciones previstas incluyen multas de hasta RD$97.5 millones, clausura temporal o definitiva de establecimientos, disolución judicial de la entidad e inhabilitación para contratar con el Estado.

Frente unido ante el Tribunal Constitucional

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció que presentará una acción directa de inconstitucionalidad contra disposiciones del nuevo Código Penal que, a juicio del gremio, ponen en peligro el ejercicio profesional de los galenos y violan artículos de la propia Constitución de la República. ASODCI respaldó formalmente esa acción.

En palabras del presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez: «El Colegio Médico, de forma responsable y precisa, interpondrá una acción directa de inconstitucionalidad frente a algunos artículos de este nuevo código porque representa algún tipo de peligro constitucional.»

La magistrada Darihana Linarez Corporán, jueza especializada en Derecho Médico, también advirtió sobre el alcance de la nueva normativa. «Este nuevo Código Penal va a reformar lo que es el ejercicio de la medicina. Le impone lo que es la posición de garantía, las responsabilidades por omisión que va a tener el médico; va a tener que responder no solo por sus actos, sino también por aquellos que ha dejado de realizar», explicó durante un encuentro en la sede del gremio médico. 

Protocolos, capacitación y defensa profesional

ASODCI demandó al Poder Legislativo y al Judicial establecer protocolos claros que diferencien el error clínico sin intención de daño de los actos verdaderamente delictivos, para garantizar una aplicación proporcional de la justicia.

En paralelo, convocó a todos sus miembros a capacitarse de forma urgente antes de agosto de 2026 sobre el contenido del nuevo marco legal, para proteger su ejercicio profesional y reducir riesgos jurídicos.

La organización fue enfática en su compromiso de acompañar a sus agremiados en cualquier instancia legal: «ASODCI defenderá el ejercicio profesional conforme a la lex artis en cualquier instancia y ante cualquier escenario jurídico», afirmó en su declaración oficial.

Una reforma que llegó al sector salud sin preparación suficiente

Expertos en derecho médico advierten que el nuevo código abre interrogantes sin resolver. Cuando un Código Penal moderno aterriza sobre estructuras sanitarias débiles, el problema deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte en un problema estructural de salud pública, advirtió el doctor Pedro Ramírez Slaibe, médico especialista en Medicina Familiar y Gerencia de Servicios de Salud.

Una de las muchas preguntas que deja el Código y que deberá ser respondida por los tribunales es si la responsabilidad penal de la persona jurídica opera más allá de las infracciones expresamente definidas. 

Sin embargo, el especialista en derecho de la salud Gilberto Objío Subero destacó que la propia ley ofrece salidas. «El cumplimiento normativo ya no debe verse como una opción, sino como una necesidad estratégica para proteger a las instituciones y garantizar una práctica médica segura y ajustada a la ley», afirmó Objío Subero.